La Unidad de Asuntos Europeos de la Federación nos recuerda en la Agenda  editada para este 2025, que el 7 de febrero de 1992 se firmó el Tratado de Maastricht, que convirtió a la Comunidad Económica Europea en la actual Unión Europea. Un histórico acontecimiento que no debemos olvidar.

Representantes de los doce Estados  miembros (Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos,  Portugal y Reino Unido), firmaron el 7 de febrero de 1992 el Tratado  de Maastricht: El inicio de la Unión Europea. Con su entrada en vigor el 21 de noviembre de 1993,  la Unión Europea fue creada.

Desde entonces, otros 16 países se han incorporado a la Unión  Europea adoptando las normas establecidas en el Tratado así como en otros  tratados posteriores que lo modifican. El número total de Estados miembros de la UE se vio reducido a 27 tras la salida del Reino Unido con el Brexit, el 31 de enero de 2020. 

El Tratado de Maastricht fue un hito en la integración europea, que modificó los tratados anteriores y creó una Unión Europea basada en tres pilares: las Comunidades Europeas, como núcleo de integración política; la Política Exterior y de Seguridad Común, política conjunta con la que se persigue preservar la paz, reforzar la seguridad internacional y promover la cooperación internacional, la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales; y la cooperación entre los gobiernos de la UE en los ámbitos de la justicia y los asuntos de interior, para garantizar la seguridad y la protección de los ciudadanos europeos. Entre las novedades que incorporaba el Tratado, destacan: la introducción de las bases de la unión económica y monetaria, la moneda única y del Banco Central Europeo; el refuerzo de las competencias del Parlamento Europeo; y la introducción del concepto de ciudadanía europea, que implica una serie de derechos como, por ejemplo, poder presentarse y votar en las elecciones al Parlamento Europeo o elecciones municipales cuando residamos en otro país de la UE que no sea el nuestro, protección consular en cualquier embajada de la UE cuando tengamos un problema en un tercer país (no miembro de la UE), la posibilidad de acudir al defensor del pueblo europeo o a contactar con las instituciones europeas en nuestra lengua materna y que nos respondan igualmente en nuestra lengua materna.